Jueces/zas de Poder Judicial de El Salvador en conjunto con defensoras/es de la Procuraduría General de la República debatieron sobre las buenas prácticas procesales para reducir el impacto de los procesos de pensiones alimenticias y división de bienes gananciales en la feminización de la pobreza.
La economista Daniela Jiménez Montero presentó los resultados de las malas prácticas en la economía de las mujeres acreedoras y los índices macro en la feminización de la pobreza de los procesos dilatorios y engorrosos.
La Máster Auxiliadora Rivas analizó el proceso salvadoreño, identificando las buenas prácticas que el sistema salvadoreño ha venido implementando.
El análisis comparado estuvo a cargo de la Dra. Arroyo Vargas, quien dio a conocer las buenas prácticas que se han venido implementando en varios países de la región.
Se espera que el catálogo elaborado por la Fundación Justicia y Género sea un instrumento para que quienes administren justicia reduzcan los factores que propician la feminización de la pobreza.