Defensoras/es Públicos de Pensiones Alimentarias de Costa Rica conocieron los resultados de la investigación regional realizada por la Fundación Justicia y Género sobre los procesos de pensiones alimentarias y su incidencia en la feminización de la pobreza.
La economista Daniela Jiménez Montero presentó el impacto económico para las mujeres y para el sistema de administración de justicia de las prácticas de dilatación en los procesos de pensiones alimentarias. El impacto en indicadores para el desarrollo social y la igualdad como son la desnutrición, la deserción educativa, la violencia, los ingresos etc. Se pudo identificar los costos para los acreedores alimentarios, el sistema judicial y la sociedad en general.
La Doctora Arroyo Vargas presentó las recomendaciones para agilizar los procesos y reducir los costos sociales desde una perspectiva género en el ámbito jurídico.
Esta investigación será de utilidad para promover cambios en el componente estructural del fenómeno jurídico, lo que implica revisión de las prácticas procesales de todas/os los actores judiciales que participan en el proceso.