El Grupo Parlamentario de Mujeres, la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y la Fundación Justicia y Género organizaron un diálogo para evidenciar las necesidades de cambios legislativos en los proceso de pensiones alimentarias para reducir el impacto en la feminización de la pobreza.
La economista Daniela Jiménez Montero y la Doctora en Derechos Humanos, Roxana Arroyo Vargas, expusieron el impacto en la economía de las mujeres causado por los proceso engorrosos y dilatorios de pensiones alimenticias, así como recomendaciones en cambios legislativos para reducir el impacto negativo en la economía de las mujeres.
Se espera con ello iniciar reformas legales que recojan las recomendaciones y buenas prácticas presentadas.